Ciudad Capital

Productores agrícolas de Tláhuac denunciaron que la administración de Gilberto Ensástiga, “propicia el surgimiento y crecimiento de asentamientos irregulares en la demarcación, porque introduce servicios y utiliza maquinaria oficial para abrir calles”. Lo anterior, lo aseguraron pequeños propietarios de terrenos ubicados en el paraje “Tempiluli”, en la Ciénaga.
Señalaron que funcionarios delegacionales, entre ellos Ensástiga, “se han reunido con quienes impulsan la lotificación ilegal de terrenos en zona de conservación ecológica, y les han prometido el cambio del uso de suelo”.
Además de lo anterior, algunas zonas ya son utilizadas como depósitos de basura, cascajo y vehículos desmantelados, por la falta de vigilancia de las autoridades delegacionales.
Pero eso no es todo. Resulta que las mismísimas autoridades que encabeza Ensástiga llevaron una gran parte de los desechos en vehículos adscritos al gobierno delegacional. Además, los afectados aseguraron que sus herramientas y cultivos son sustraídos por la noche por desconocidos.

Hace unas semanas, durante un recorrido con las directoras de Regularización Territorial y Desarrollo Rural, Beatriz Guerra y Erika Martínez, respectivamente -porque el director general de Jurídico y de Gobierno, Alfredo Adorno, no se presentó- los vecinos de “Tempiluli” exigieron a las funcionarias la limpieza de los terrenos de basura, cascajo y vehículos desmantelados, a lo que Guerra y Martínez respondieron que sí, siempre y cuando ellos dispongan de un predio a donde depositarlos, lo que fue considerado por los inconformes como injusto, pues ellos no generaron la basura ni la tiraron en la zona.

Martínez propuso que los propietarios solicitaran por escrito a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal la construcción de casetas en los accesos al paraje y el pago de personal de vigilancia. Y la pregunta obligada es: ¿si ellos van a hacer ese tipo de gestiones, para qué quieren a Ensástiga?

Por otra parte, los vecinos destacaron que el Jefe Delegacional se niega a recibirlos, lo que fortalece la versión de que Ensástiga está en contubernio con los fraccionadores, ya que, según funcionarios de la administración local, los asentamientos irregulares serán utilizados como un factor de presión a los diputados de la Asamblea Legislativa que discutirán el cambio de uso de suelo en la zona. Habrá que estra pendientes de lo que hagan o no los legisladores del PRD –principalmente- al respecto.

Incluso una vecina recriminó al director de la revista Palabra y jefe de la Unidad Departamental de Apoyo a los Programas de Regulación, Silvestre Leyte, su participación en reuniones con los habitantes de los invasores de sus terrenos, pues le aseguró -delante de los asistentes al recorrido- que ella lo vio.

Sin aclarar las acusaciones contra el funcionario, Beatriz Guerra desvió la discusión al asegurar que el gobierno delegacional estaba dispuesto a apoyar a los propietarios para reactivar sus terrenos por medio del área de Desarrollo Rural.

Según los vecinos, el asentamiento irregular y la invasión en “Tempiluli” son encabezados por el dirigente de vendedores ambulantes y aspirante a la presidencia del PRI en Tláhuac, Jesús Téllez, y el dirigente del Frente Popular Francisco Villa y jefe de asesores de Ensástiga, Alejandro López Villanueva.

Aunque el asentamiento irregular existe desde hace unos años, su crecimiento se ha acelerado tras la llegada de Ensástiga al gobierno delegacional, indicaron los vecinos. La zona es aledaña a los terrenos donde se prevé la construcción de la terminal de la llamada Línea Dorada del Metro.
Los denunciantes echaron en cara a las funcionarias que mientras a ellos se les niega el apoyo para reactivar el cultivo en sus terrenos, a los invasores la administración de Ensástiga les proporciona todos los servicios, incluyendo agua potable en pipas.
Uno de los factores que inciden que muchos agricultores han dejado de cultivar sus terrenos es la falta de infraestructura hidráulica, por lo que dependen de la época de lluvia para sembrar, apuntaron.
Erika Martínez argumentó que se carece de capacidad de suministro de agua tratada para los cultivos, y anunció que en unos tres años es posible contar con el servicio. ¿Y mientras tanto?, se preguntan los productores.
Una de las vecinas denunció que en la Dirección General de Desarrollo Rural, que encabeza Victor Samuel Cadena Valverde, “se cobra hasta 300 pesos por pasar la rastra y barbechar en sus terrenos, pero después no hacen los trabajados”.
“La negativa del jefe delegacional a recibirnos genera mucha desilusión. Confiábamos en él, pero nos ha defraudado, a pesar de que pagamos nuestros impuestos”, dijo otra.
Otras de las denuncias de los propietarios agrícolas es que Ensástiga es el principal ausente de los llamados lunes de atención ciudadana, por lo que ese mecanismo de comunicación con los habitantes es un rotundo fracaso.

Los vecinos responsabilizaron a las autoridades delegacionales de las consecuencias de su falta de acción porque fueron víctimas de amenazas verbales por parte de los invasores de sus terrenos.

Varias de las parcelas en disputa fueron quemadas, por lo que los propietarios sospechan que los incendios fueron provocados ya que destruyeron varios linderos, por lo que solicitaron el apoyo de topógrafos para restablecer los límites de las parcelas.

Los afectados también hicieron público que a pesar de haber presentado denuncias penales por despojo e invasión ante el Ministerio Público, “sólo dan largas” y se pasan, como pelota de pin pon, el expediente entre las agencias investigadoras.
En el Ministerio Público les dicen que por ser una zona de reserva ecológica es responsabilidad del Jefe Delegacional, y las funcionarias les aseguraron que el area es de la competencia de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y que por ser un asunto de propiedad es jurisdicción del Ministerio Público. ¿Qué tal?

Lo anterior es un otro ejemplo de lo que buscan ahora algunos Jefes Delgacionales: regularizar asentamientos irregulares para hacer negocio. El problema en este caso es que están perjudicnado a productores agrícolas.
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